Comprender los casos de denunciantes o qui tam.

Sobre los casos de denunciantes anónimos o Qui Tam

Muchos clientes actuales y potenciales nos preguntan sobre el funcionamiento de los casos de denunciantes o whistleblowers: se preguntan cuanto tardan, si son similares a otros tipos de litigios civiles, cuál es el rol del gobierno, como se produce la prueba, entre otras preguntas de igual importancia. Esta guía es solo una descripción general y estaremos muy contentos de poder debatir el proceso en profundidad. Sin embargo, es importante entender algunas cuestiones claves desde un principio. La cuestión más importante es que el rol de un denunciante requiere coraje y paciencia. Es un proceso largo. Pero si tienes éxito, puede traer recompensas monetarias muy significativas. 

Algunas cuestiones

Cuando uno empieza a considerar la opción de ser denunciante, es muy probable que escuches ciertos términos parecidos, usados de manera indistinta. El primero es el término de “denunciante”. Cualquiera puede ser denunciante, pero a veces se refiere al “confidente” de la empresa que tiene conocimiento sobre el desarrollo de actividades fraudulentas, que normalmente no está contento con lo que sucede, y que tiene intenciones de revelar las acciones indebidas. Al denunciante también se lo llama “actor”, la persona que inicia la acción legal, y también “delator”, quien delata el fraude ante el gobierno. El tipo de acción legal, dentro del fuero civil, es conocida como “qui tam”. Es la versión corta de una frase que proviene del Latín y que significa “quien juzga en nombre del rey”. Técnicamente, el denunciante presenta la acción legal en nombre del gobierno que ha sido defraudado económicamente (en la época medieval, tales acciones eran denunciadas en nombre del rey y, cómo podrás inferir, las acciones qui tam están hace rato). Por último, es muy conocido el término “ley sobre reclamaciones falsas”. Existe una ley federal, la False Claims Act, de 1863, con la cual se pueden presentar casos que involucren dinero federal. Hay leyes casi idénticas en cada estado. 

Consulta con un abogado

La mayoría de los denunciantes potenciales solicitan hablar con un abogado antes de empezar un caso qui tam. Esta es una decisión inteligente. Dentro de las 24 horas de habernos contactado, ya sea por teléfono, WhatsApp, correo electrónico, formulario de nuestra página web, o cualquier otro medio, te responderemos para coordinar una reunión presencial o por Zoom. Esa conversación es confidencial, libre y protegida por el privilegio entre abogado y cliente. Durante esta reunión, escucharemos atentamente y recolectaremos todos los detalles que sean relevantes para tu caso. Es una oportunidad para que nos cuentes tu historia y para que nosotros podamos entender en detalle el tipo de pruebas del presunto fraude. Nuestros abogados evaluarán tu caso y te guiarán por todo el proceso judicial.

Es probable que una reunión no sea suficiente. Seguro tengamos otras reuniones, en persona o por video, para aprender, entender y tomar la mejor decisión al seguir con tu caso.

Comienzo del caso

Si determinamos que el caso cumple con las bases suficientes para presentar un caso qui tam, prepararemos tres documentos escritos. Estos documentos reunirán la prueba que tengas y la historia que necesites contar, y luego se enviarán, o se presentarán, ante el gobierno. La agencia gubernamental, y su personal, dependerá de la naturaleza del caso. Los tres documentos, si bien son independientes, tienen algunos puntos en común. Estos son los documentos:                   

1. Carta Previa la Demanda

Un caso comienza de manera oficial con la presentación de la Demanda. Pero primero, nuestros abogados prepararán un documento conocido como Carta Previa a la Demanda. Este documento se envía de forma privada al gobierno y tiene distintas funciones: notifica al gobierno sobre la intención del denunciante de presentar una Demanda, resume la prueba relevante que sustenta el accionar indebido, e incluye documentos que respalden al fraude. 

Preparamos la Carta Previa a la Demanda por distintos motivos. En primer lugar, le da aviso al gobierno sobre la posibilidad de que se presente una Demanda pronto: se aprecia el aviso previo de nuevos casos. En segundo lugar, nos permite previsualizar el relato de tu historia. A veces, el abogado del gobierno puede responder a la Carta Previa a la Demanda donde formula preguntas específicas, que muchas veces son un buen feedback para saber qué se necesita clarificar o agregar en la Demanda. Por último, posiciona al denunciante como fuente de información importante. 

2. Demanda

En segundo lugar, nuestros abogados harán un resumen del caso y lo volcarán en un documento formal, llamado Demanda. Este documento no suele llevar adjunta documentación. La demanda se presenta en un tribunal, “con secreto de sumario”. Esto significa que la Demanda y su presentación se mantienen en secreto, normalmente por varios meses y a veces hasta un año, y no se comparte dicha información ni con el demandado, ni con el público general ni con los medios de comunicación. Esto es muy distinto de los juicios civiles tradicionales. Ni tú ni tus abogados pueden hablar con nadie acerca del caso: ni con los medios, ni con los amigos, ni siquiera con los abogados del demandado mientras tenga secreto de sumario. A diferencia de la demanda común, cuya notificación se practica sobre los demandados para anoticiarlos de que son parte en un juicio, en un caso qui tam se notifica al gobierno. Esto le da al gobierno la oportunidad de investigar los hechos que contiene la demanda. El secreto de sumario – es decir, la confidencialidad, normalmente se mantiene durante todo el período que dure la investigación del gobierno. 

3. Declaración de divulgación

Como sucede con la Carta Previa a la Demanda, este documento se presenta de manera confidencial y directa ante el gobierno. Resume la prueba relevante e incluye toda la documentación, que a veces muestra la prueba del hecho. En resumen, la declaración de divulgación le brinda al gobierno la información necesaria para investigar o “intervenir” potencialmente – o unirse – al caso.

La investigación del gobierno 

Una vez que la demanda haya sido presentada, y se haya presentado la declaración de divulgación, el gobierno tiene la oportunidad de investigar el caso mientras esté bajo secreto de sumario. Normalmente, el gobierno hace lo siguiente:

Revisión gubernamental de los hechos y la prueba

El gobierno conduce una reseña exhaustiva de las alegaciones realizadas por el denunciante. Esta reseña incluye el análisis de la demanda y la prueba presentada en la declaración de divulgación.  

Extensión del período de secreto de sumario

Aunque una demanda qui tam tenga secreto de sumario por 60 días, para que el gobierno pueda investigar y decidir si debe intervenir en el caso, este período de 60 días se suele extender para tener el tiempo suficiente para llevar a cabo una evaluación exhaustiva. No se sabe cuánto tiempo puede durar el período extendido porque no existe un estándar de tiempo. Pero casi en todos los casos en los que la prueba del denunciante es sólida, el secreto de sumario se extiende por al menos un año, y a veces por dos o tres años. Cómo dijimos arriba, es un proceso largo. Los denunciantes potenciales necesitan estar preparados para un ritmo lento. 

Cooperación con denunciantes

Los investigadores del gobierno pueden comunicarse con el denunciante para que éste brinde información adicional o haga aclaraciones durante el período de secreto de sumario. Las reuniones o la correspondencia es confidencial. Esta colaboración entre el gobierno y el denunciante fortalece al caso y apoya al proceso de toma de decisiones que tiene el gobierno para intervenir o no. 

Técnicas formales de investigación 

El gobierno tiene un abanico de herramientas que usa para llevar a cabo la investigación. Algunas de estas herramientas son comunes a los litigios civiles y otras son propias del gobierno. Normalmente, el gobierno utiliza:

1. Entrevistas
   El gobierno puede entrevistar a individuos que estén relacionados al caso. Pueden ser empleados actuales o pasados, ejecutivos y otras partes relevantes. Las entrevistas apuntan a descubrir información que quizás no sea aparente en los documentos o registros. 
2. Citaciones
   El gobierno puede emitir citaciones para ordenar la producción de documentos o asegurar la asistencia de testigos. 
3. Declaraciones juradas/testimonios
   Este es el testimonio oral y jurado de las partes relacionadas al fraude que se prestan fuera del tribunal. Las declaraciones permiten que el gobierno recolecte información bajo juramento y comprenda mejor las supuestas actividades fraudulentas.
4. Peritajes
   Llamar a peritos como contadores forenses o especialistas en el rubro puede ser de suma importancia. Su experiencia ayuda a analizar transacciones financieras complejas o prácticas específicas del rubro que pueden ser clave para el caso. 

La decisión de “intervención”

Luego de evaluar el mérito del caso, el gobierno elige uno de estos cuatro procedimientos: 

1. Conciliación

Si el caso es convincente, el gobierno intervendrá, levantará el secreto de sumario, le notificará al demandado que está siendo investigado, que se encuentra demandado en un juicio qui tam, y que el gobierno está representando los intereses de los Estados Unidos. Ante la posibilidad de ir a juicio contra el gobierno de los Estados Unidos, muchos demandados – no todos – aceptan debatir sobre un posible acuerdo con el gobierno.

Bajo la ley de False Claims, un demandado puede ser responsable por el triple de los daños causados. Esto significa que si los daños reales del fraude son 10 millones de dólares, el gobierno puede cobrarle al demandado 30 millones más multas adicionales. Las reuniones de conciliación tratan de llegar a un acuerdo – en la mayoría de los casos para reducir el monto a pagar por los daños y para detener el accionar fraudulento – sin ir a juicio. En las conciliaciones se suele acordar el pago del doble de los daños causados. 
Al denunciante normalmente, se le otorga entre el 15% y el 25% de lo recaudado. 

2. Litigio del gobierno

Si el demandado se niega a llegar a un acuerdo, el gobierno puede optar por intervenir y propulsar el proceso legal, y llevar el caso a juicio. El gobierno representa a los Estados Unidos y tiene un rol activo en el litigio. Al denunciante y a sus abogados se los mantiene al tanto pero la parte más pesada del litigio la maneja el gobierno. 

Nuevamente, el gobierno puede recuperar el triple de los daños causados, más multas. Al denunciante se le otorgará entre el 15% y el 25% de lo recaudado.      

3. Litigio Independiente (Rechazado)
Si el caso tiene mérito suficiente pero el gobierno rechaza la intervención, nuestros abogados pueden representar los derechos de los Estados Unidos en un juicio. También podemos recuperar el triple de los daños causados. En las situaciones en las que el gobierno no decide intervenir y nosotros decidimos continuar con el litigio, la recompensa del denunciante será más alta, de entre un 25% a un 30% de lo recaudado.

Hay varios motivos por los cuales el gobierno puede decidir no intervenir, aún si el caso parece fuerte y bien fundado: 

1. Resarcimiento limitado o poco potencial de recaudación

   Si los daños potenciales o la recaudación es pequeña, en comparación con los recursos necesarios para impulsar el caso, el gobierno puede decidir no intervenir. La eficacia en función de los costos de continuar con un caso es algo a considerar. 
2. Consideraciones de orden público
   El gobierno puede decidir rechazar el caso si no considera que la materia del asunto sea lo suficientemente importante. O quizás sea un asunto importante, pero el gobierno recientemente ha llevado a cabo un caso sobre la misma materia. 

4. Desistimiento
Es raro, pero a veces los denunciantes están equivocados. El gobierno no va a continuar con un caso erróneo. Y nosotros tampoco. Si el caso se basa sobre una teoría legal incorrecta, o las pruebas aportadas por el denunciante resultan contradictorias a pruebas más sólidas, que el demandado presenta al gobierno durante la investigación, el gobierno nos dirá. Ellos nos recomendarán desistir del caso. De hecho, incluso si no estuviésemos de acuerdo con la conclusión del gobierno y quisiéramos seguir con el caso, el gobierno todavía cuenta con el derecho de desistir del caso.  

Conclusión

Sabemos que ser denunciante no es una tarea fácil. Es complicado, puede ser muy estresante, y lleva mucho tiempo. Tenemos las herramientas, la experiencia y la determinación para apoyarte, proteger tus derechos y ayudarte a conseguir el mejor resultado.

Escucharemos tu historia. Te apoyaremos y te prepararemos para lo que se viene. Te ayudaremos a dar pasos firmes en cada escalón del proceso: tanto en el desarrollo del caso, como en las investigaciones del gobierno, las presentaciones legales, el litigio o en la conciliación.